En una histórica decisión, la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Educación para que sus colegios sean adecuados para que permitan el libre acceso a usuarios en condición de discapacidad.
Ocho meses de plazo dio el Consejo de Estado al Ministerio de Educación para que construya y adecúe accesos para las personas discapacitadas en todos sus colegios y dependencias de todo el país. En un fallo de acción popular, la Sección Primera del alto tribunal consideró que es obligación del Ministerio de Educación cumplir con las disposiciones que existen sobre el tema. "El deber legal es claro y se materializa mediante la instalación o adecuación, entre otras, de rampas y ascensores", señaló el fallo.
Los magistrados dan instrucciones precisas para que el Ministerio construya centros de atención sólo en los primeros pisos de las edificaciones, rampas, elimine obstáculos que impidan el tránsito de discapacitados, instale alarmas para emergencias y guías para garantizar el desplazamiento de personas ciegas.
El Consejo de Estado rechazó los argumentos presentados por los representantes de la entidad, que aseguraron que en la comunidad educativa que albergan en sus colegios no existen personas con su capacidad física reducida por lo que no han encontrado la necesidad de modificar los planos de las instalaciones.
La acción popular fue presentada por Alfredo Escobar Acero, quien entregó como prueba varias fotografías del Instituto de Educación Media (Inem) Carlos Arturo Torres de Tunja (Boyacá), un edificio de tres plantas, en las que se aprecian los obstáculos. Las imágenes no fueron aceptadas inicialmente por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que rechazó la demanda por falta de pruebas. El Consejo de Estado revocó esa decisión y concedió la demanda. En sus conclusiones, el fallo considera que edificaciones del Mini-educación, como la denunciada, no permiten la circulación de discapacitados o personas que por su avanzada edad no pueden eludir los obstáculos."En consecuencia, se ordenará al Ministerio de Educación Nacional que en dos meses realice un estudio arquitectónico para adecuar sus instalaciones (...) para asegurar la integración social de las personas discapacitadas o con alguna limitación y garantizarles accesibilidad segura a las edificaciones en que se presta el servicio público educativo. Se le indicará que, a más tardar dentro de los ocho meses siguientes, deberá implementar las obras propuestas por el arquitecto".
Fuente: discapacidadcolombia.com
